Mostrando entradas con la etiqueta españa. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta españa. Mostrar todas las entradas

sábado, 12 de diciembre de 2009

España: La Iglesia sube el tono y pide que el aborto sea penado como delito

• El portavoz de los obispos elude precisar si aboga por enviar a las mujeres a prisión

• El PP vasco corteja a los votantes del PNV molestos por el ‘sí’ de su partido a la ley

MADRID- Los obispos dieron ayer otra vuelta de tuerca a su frontal oposición a la nueva ley de interrupción del embarazo: bajo su punto de vista, el aborto, como el homicidio, debe quedarse dentro del Código Penal y no salir jamás de ahí. «Una cosa es el pecado y otra el delito –dijo Juan Antonio Martínez Camino, portavoz y secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE)–. No todo lo que es pecado tiene que ser siempre delito. Pero no se entiende que quitar la vida a un no nacido no pueda ser también delito. ¿Puede una ley civilizada considerar que quitar la vida a un ser humano inocente no pueda ser también un delito?». Alguien le preguntó si eso quería decir que abogaba por penar cualquier aborto, independientemente de sus circunstancias, pero el obispo, entonces, se levantó de la silla, dio por finalizada la rueda de prensa y se marchó.

CAMBIO DE POSTURA / Tampoco contestó, por tanto, a la cuestión que más perturba a los prelados: si meterían en la cárcel a las 115.000 mujeres que abortaron en España el pasado año. Hace justo un mes, cuando advirtió a los diputados que estarían en «pecado público mortal» y no podrían «ser admitidos a la sagrada comunión» si votaban a favor de la reforma –que el jueves cosechó el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos CiU, que se abstuvo, y el PP, que la rechazó–, Martínez Camino señaló que no quería a nadie entre rejas, ni mujeres ni médicos, por este motivo. Sin embargo, con su exigencia de que el aborto continúe dentro del Código Penal, su postura parece haber cambiado. Al menos, en términos de lógica jurídica. 
La inmensa mayoría de las infracciones criminales llevan asociadas una pena privativa de libertad. Solo las más nimias, esas que la doctrina penal llama «delitos de bagatela» –el
hurto simple, por ejemplo–, comportan castigos distintos, como la multa. Pero Martínez Camino, que dijo que quería «dar voz a los que no tienen voz pero tienen derecho a vivir», considera que en el aborto está en juego «la vida humana», mucho más relevante que el patrimonio, un asunto, por otra parte, que también estuvo presente en su exposición. La CEE presentaba un documento sobre la crisis que sostiene que «las políticas antinatalistas tendrán efectos económicos perjudiciales para las generaciones futuras». El portavoz de los obispos concluyó: «Quitarles la vida tiene gravísimas consecuencias sociales y económicas».



jueves, 10 de diciembre de 2009

Madrid: la nueva ley solo permitirá objetar al personal que practique el aborto

Imagen de una concentración a favor del aborto libre, en Madrid. Foto: AGUSTÍN CATALÁN

La nueva ley solo permitirá objetar al personal que practique el aborto
• La Seguridad Social financiará también los anticonceptivos más avanzados
• La norma garantizará que se imparta educación sexual en todos los colegios

MÁS INFORMACIÓN
El Síndic velará por el acceso a la píldora poscoito aunque su venta no sea general
PATRICIA MARTÍN / FIDEL MASREAL

MADRID
La izquierda ha logrado introducir cambios en la reforma de la ley del aborto que, a juicio del diputado republicano Joan Tardà, «acercan más el proyecto a una ley de derechos sexuales, reproductivos y afectivos que a una simple ley de interrupción del embarazo». IU-ICV y ERC han logrado, por ejemplo, que el Gobierno acepte que el personal sanitario pueda negarse a practicar abortos por motivos éticos, pero solo los profesionales que participen directamente en la intervención y de forma que en ningún caso se dificulte el derecho a la mujer a abortar.
Para ello, uno de los acuerdos alcanzados con el PSOE consiste en reforzar las garantías de que el sistema de salud pública se hará cargo de las intervenciones. Gaspar Llamazares (IU) explicó en rueda de prensa que el Ministerio de Justicia se oponía a reconocer el derecho de los profesionales a objetar, pese a que una sentencia del Tribunal Constitucional les da esa posibilidad, lo que ha permitido que apenas el 2% de las interrupciones se realicen en centros públicos. Basta la negativa del jefe del servicio de ginecología a realizar la operación para que la mujer sea derivada a una clínica privada. La reforma trata de corregir esta disfunción, pero obviaba el derecho de los médicos.
Por eso varios grupos, entre ellos la izquierda, solicitaban la creación de un registro de objetores con el fin de «acotar un boicot hasta ahora colectivo» por un rechazo «individual», según Llamazares. De hecho, la enmienda pactada con el PSOE establece que «solo el cirujano, la enfermera que le ayude y pocos más» podrán objetar y deberán comunicarlo antes por escrito.

LA EDUCACIÓN / La izquierda también ha logrado reducir de dos a uno el número de especialistas que deben determinarán si una mujer puede abortar por riesgo para el feto o para ella misma entre la semana 14 y 22. Asimismo, la ley incorporará que los anticonceptivos más modernos se incluyan en el sistema nacional de salud, de forma que la Seguridad Social financie como mínimo una parte. ICV y ERC están presionando para que píldoras de última generación, parches y anillos vaginales sean gratuitos para determinados colectivos, pero el Gobierno todavía no ha dado su brazo a torcer dado debido al alto coste de la propuesta.
El pacto entre la izquierda y el PSOE, que previsiblemente se materializará hoy en la Comisión de Igualdad del Congreso, incluye además que se garantice la educación sexual en todos los niveles educativos y de forma curricular y que médicos y enfermeras, no solo los ginecólogos, reciban información específica de cómo practicar abortos.
El PSOE seguía negociando ayer con el PNV el texto del aspecto más controvertido de la norma. Los socialistas aceptan la petición de que jóvenes de 16 y 17 años informen a sus padres, pero siempre que ellas tengan la última palabra.

El PSOE pacta con el PNV que las menores informen a sus tutores si desean abortar

ESPAÑA
• La ley incluye la excepción de la coacción para eludir el permiso parental
EUROPA PRESS
MADRID
El PSOE ha cerrado un acuerdo con el PNV para que la nueva ley del aborto obligue a las menores de 16 y 17 años que quieran interrumpir su embarazo a informar al menos a uno de sus padres o tutores legales, salvo que puedan alegar fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles "un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

Tras sellar este pacto, que se concretará este mediodía en la Comisión de Igualdad del Congreso durante el debate del proyecto de ley, los nacionalistas vascos anunciaron su intención de apoyar la reforma, que podría superar los 180 votos en el Pleno del Congreso la próxima semana.

El PNV, que este año ha abandonado su tradición de dar libertad de voto a los diputados por motivos de conciencia de este tipo de asuntos, consideraba "imprescindible" la obligatoriedad de informar de la intervención al menos a uno de los padres, tutores legales o, en su caso, a los ostentadores de la patria potestad de las embarazadas de 16 y 17 años.

Igualmente, tal y como ofreció el PSOE, ambas formaciones han acordado un supuesto de excepción para aquellas menores que puedan alegar "fundadamente que dicha comunicación pueda suponerles un peligro cierto de violencia intrafamiliar, amenazas, coacciones, malos tratos o se produzca una situación de desarraigo o desamparo".

En la exposición de motivos la ley recogerá el reconocimiento expreso del derecho a ejercer la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo. De esta forma, se congratula el PNV, el ejercicio de la objeción de conciencia, no podrá suponer un menoscabo del acceso y la calidad asistencial de la práctica del aborto.

Corresponsabilidad de ellos y ellas

En la misma línea, el PNV subraya que, en virtud de su pacto con el PSOE, se evitarán "las invasiones competenciales" en las que, desde su punto de vista incurría el texto del Gobierno. Con este objetivo se modificará la redacción de varios artículos para que respeten las competencias sanitarias transferidas a las comunidades autónomas.

Los nacionalistas vascos también consideran "muy importante" que el proyecto de ley recoja textualmente la petición formulada desde del PNV "para la incorporación de la formación en salud sexual y reproductiva al sistema educativo en el marco de la formación en valores, con una visión de la sexualidad en términos de igualdad y corresponsabilidad entre hombres y mujeres".

miércoles, 9 de diciembre de 2009

Los anticonceptivos modernos podrían ser financiados por la salud pública

EN ESPAÑA
EFE, 9 de diciembre de 2009.

Los anticonceptivos de última generación pasarán a ser financiados e incluidos en el sistema nacional de salud tras un acuerdo alcanzado entre IU y ERC con el PSOE.

¿Te parece bien que el sistema de salud pública financie los anticonceptivos?
El diputado de IU, Gaspar Llamazares, ha anunciado junto al diputado de ERC, Joan Tardá, que ambas formaciones han llegado a un acuerdo para que el proyecto de ley del aborto (la nueva Ley sobre Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo) reconozca el hecho de la objeción moral, "por parte únicamente de aquellos profesionales sanitarios directamente relacionados con la interrupción voluntaria del embarazo".

Sin embargo, Llamazares ha señalado que primará la opinión de la mujer a la hora de interrumpir voluntariamente el embarazo.

El acuerdo entre IU-ERC con el PSOE también incluye un "avance en relación a temas de educación sexual y de formación en los programas universitarios de los profesionales"."La educación sexual formará parte de la educación general de los niños y niñas, y por otra parte la formación de los profesionales incluirá la educación sexual reproductiva y la interrupción voluntaria del embarazo", ha informado Llamazares.

El proyecto será debatido mañana jueves en la Comisión de Igualdad y la semana que viene lo hará en el Pleno.